La importancia de revisar la cobertura frente a las pandemias en las pólizas de seguros

Las aseguradoras afirman que la pandemia será uno de los episodios más caros de la historia de su sector, y que podría costarles más de 200.000 millones de dólares (177.000 millones de euros). Aunque el seguro frente a pandemias ya existía, muchas compañías pensaban que el riesgo era remoto y pocas lo contrataron. Pero antes incluso de que este brote haya pasado, la atención se centra en cómo abordar el siguiente, que algunos creen que podría llegar en los próximos seis meses si se produce una segunda oleada de infecciones por Covid-19 que obligue de nuevo a imponer confinamientos.

El seguro se ve sometido a una vigilancia creciente, y los ejecutivos de las empresas temen los daños que pueda sufrir su reputación. Por ello, están aumentando los esfuerzos a ambos lados del Atlántico para determinar cómo gestionar mejor una crisis similar la próxima ocasión. “Tenemos que llegar a una solución común”, advierte John Neal, el consejero delegado de Lloyd’s of London. “Tiene que estar lista para una segunda oleada. Tenemos semanas, no meses”.

Lloyd’s ha mantenido discusiones iniciales con el Tesoro británico sobre cómo proceder. Por su parte, el veterano del sector Stephen Catlin ha unido fuerzas con los consejeros delegados de Aviva y RSA, Maurice Tulloch y Stephen Hester, para trabajar en propuestas.

En Francia, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha creado un grupo de trabajo especializado para analizar cómo se puede proporcionar esa cobertura en el futuro, y pretende presentar propuestas este mes. El consenso en el sector es que sólo las soluciones a nivel nacional pueden funcionar. Cualquier otra cosa es demasiado complicada como para obtener el apoyo gubernamental.

Pero algunas aseguradoras exponen que cualquier nuevo sistema frente a las pandemias tiene que ser un esfuerzo transfronterizo para que resulte efectivo. “Mientras la gente viaje, la solución tiene que ser global”, afirma Philippe Donnet, consejero delegado de la aseguradora italiana Generali.

Garantías públicas Muchos países disponen ya de sistemas de seguros que cubren el terrorismo y catástrofes naturales como las inundaciones. Algunos expertos se preguntan por qué no extender simplemente esas políticas a las pandemias.

Oliver Bäte, consejero delegado de la aseguradora Allianz, explica que los seguros trabajan sobre el principio de la diversificación de los riesgos, y que si el Gobierno cierra millones de empresas elimina esa diversificación. “Tenemos que elaborar un modelo, riesgo por riesgo, de lo que el sector puede cubrir por sí misma; en qué medida resulta útil para los clientes y más allá de ese límite lo que nosotros como sociedad podemos o deberíamos hacer”.

En EEUU, el Comité de Servicios Financieros del Congreso ha pedido un programa de reaseguro similar a la Ley de Seguro frente al Riesgo de Terrorismo (TRIA) que cubra las pandemias, y limite las pérdidas totales que sufrirían las aseguradoras.

Creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, TRIA exige a las aseguradoras ofrecer cobertura frente al terrorismo, y a cambio el Gobierno asume las pérdidas por encima de un umbral que varía según las primas cobradas por las aseguradoras el año anterior. Hace unos días se presentó en el Congreso un proyecto de ley basado en el modelo de TRIA proponiendo un plan de reaseguro frente a pandemias. Si se aprueba, la Ley de Seguro frente al Riesgo de Pandemia obligaría a las empresas y a las aseguradoras a asumir una parte del riesgo. A continuación, el Gobierno pagaría el 95% de todas las pérdidas hasta un límite de 750.000 millones de dólares.

El consejero delegado de Axa, Thomas Buberl, ve un posible modelo en el plan de seguro frente a catástrofes naturales francés, creado en 1982. Cada contrato de seguro incluye una pequeña prima para el plan, que se divide a partes iguales entre el Gobierno y las empresas privadas.

Cuando se produce un desastre, el sector privado paga primero y a continuación interviene el Estado. El plan puede absorber unos 4.500 millones de euros de pérdidas antes de este último paso. La Facilidad  de Financiación de Emergencia frente a Pandemias (PEF) de 320 millones de dólares del Banco Mundial —un instrumento similar a los seguros creado en 2017 para pagar a los países pobres en las primeras fases de una crisis como la del coronavirus— ha decepcionado. Pese a su objetivo de ofrecer un “aluvión de financiación” durante el brote ha recibido fuertes críticas por pagar tarde y en pequeñas sumas.

Los bonos no se emitieron hasta hace un mes y pagarán 196 millones de dólares a dividir entre 64 países (una media de 3 millones cada uno). Los críticos sostienen que el experimento del Banco Mundial estaba condenado al fracaso. Señalan que las condiciones eran tan complejas que resultaba imposible dar los fondos en una fase inicial, cuando la financiación se necesita con más urgencia. Los criterios exigían: 250 muertes, divididas entre al menos dos países; que hubieran pasado 12 semanas desde el comienzo del brote; y que el virus se expandiese exponencialmente en algunos de los países más pobres del mundo. Hasta la fecha, el Banco Mundial ha comprometido 160.000 millones de dólares para ayudar a los países, cifra que eclipsa el pago de 196 millones de los bonos.

El Banco Mundial no planea renovar el PEF. Pero hay quienes creen que instrumentos así resultan valiosos para extender y cuantificar el riesgo y sostienen que basta con perfeccionar los criterios. Destacadas figuras de la sanidad global sostienen que las aseguradoras tienen que trabajar con las agencias internacionales y ser más creativas a la hora de construir el próximo mecanismo de seguro para el riesgo de pandemia.

En el sector hay quienes creen que un nuevo esquema tiene que pensar más allá de las pandemias. “Es más una cuestión del impacto sobre la tecnología, no del desencadenante”, explica Julian Enoizi, consejero delegado de la aseguradora británica frente a actos terroristas Pool Re, que añade que la próxima crisis podría ser completamente distinta. Por ejemplo, un ciberataque sistémico o un evento climático.

Pero abarcar tanto plantea otros dilemas. La actividad aseguradora y sus inversores están acostumbrados a analizar los problemas potenciales y calcular su coste. Reservar dinero para un problema desconocido plantearía preguntas sobre qué tipo concreto de evento activaría los pagos del plan y quién tomaría la decisión sobre cuándo pagar las reclamaciones.

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